Los Presupuesto Generales del Estado han iniciado su tramitación parlamentaria. Así que esta mañana le he dedicado un rato a leer algunos aspectos de los mismos. He de señalar que su lectura se hace complicada, pues son 67 tomos los que componen esta Ley.
Los he «bajado» de la web del Ministerio de Hacienda y he centrado la lectura en el tomo denominado «L_21_A_1», que recoge el articulado de la Ley.
En su capítulo Tercero, referente a la Seguridad Social, he visto que se recoge una partida, nada despreciable, por importe de 9.364 millones de euros, para «financiar otros conceptos en cumplimiento de la recomendación primera del Pacto de Toledo 2020».
Quizás habría que recordar (por si alguien no ha tenido interés en conocerlo) que el pasado 23 de octubre, la Comisión del Pacto de Toledo cerró sus trabajos y emitió un informe en el que se establecían 22 recomendaciones para hacer frente a la necesaria reforma de las pensiones. Estas recomendaciones fueron votadas, finalmente, el día 27 de octubre por la Comisión correspondiente en el Congreso de los Diputados.
La importancia de estas recomendaciones, que el gobierno hace suya y que servirán de base de negociación con los agentes sociales, es crucial para el futuro de las pensiones públicas. De ahí, que de inmediato se haya atendido la primera de ellas, que es, sin duda, una de las recomendaciones más relevantes en lo que se refiere a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, la garantía de sus recursos para pagar las pensiones presentes y futuras.
<< El Pacto de Toledo emplaza a acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023 e insiste en la necesidad de un ejercicio didáctico para explicar a la población que gran parte de este ‘agujero’ se debe a la asunción de determinados gastos «impropios», que no deberían haber sido asumidos por las cotizaciones sociales. >>
De manera que la comisión propone que estos gastos impropios pasen a ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado y financiados por la fiscalidad general.
Pues así ha sido, el gobierno determina que esos gastos «impropios» salgan de la S.S. y se incluyan el los PP.GG.EE.
Esto, además de ser de justicia, le resta argumentos a los «agoreros» que vienen presagiando la quiebra del sistema. Quiebra que, habría que recordarles, ellos han contribuido muy mucho a provocar, cargando sobre la S.S. gastos que no les correspondía, exenciones fiscales y de cotizaciones, que deberían haber sido soportadas por otros organismos. Y cómo no, que se «pulieron» los ahorros de la hucha de las pensiones que contaba con unos fondos de más de 67 mil millones.
Pues primera recomendación cumplida, además de la segunda, << El Pacto de Toledo defiende en su recomendación dos «el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro». >>
Mientras llega la Ley, subida para el próximo año de acuerdo con el IPC.
Rafa Valera 15_11_2020
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