La salud democrática.

Con frecuencia se afirma que la salud democrática de una sociedad está fuertemente ligada a la cultura y capacidad crítica que tienen sus ciudadanos, sus medios de comunicación y la sociedad civil organizada. A mayor cultura, más organizaciones y mejores medios de comunicación, mejor salud del sistema.
Así mismo, también se dice que toda crítica social implica una idea de la felicidad o desarrollo humano, junto a una idea de “deber ser”; de como una sociedad debería organizarse, o sus miembros deberían comportarse, a fin de lograr esa felicidad o desarrollo del potencial humano.

Se podrían ir aportando ejemplos teóricos sobre el beneficio de la crítica en pos de un mejor funcionamiento del entramado social y político en cualquiera de las vertientes/modalidades de sistemas democráticos. ¿Pero existe, o es posible la perfección, o debemos aceptar que llegado a un punto es imposible mejorar? Dependiendo de las respuestas que demos a estas dos interrogantes podríamos estar renunciando a la capacidad crítica y cayendo en una contradicción con lo expuesto anteriormente, o por el contrario, podríamos estar “encorsetando” nuestro modelo de “sociedad feliz”.

También hay críticas a la democracia y a las instituciones que en realidad no lo son, pudiéndose catalogar más como reflexiones que persiguen mejorar la eficacia o la eficiencia individual de las personas, o grupos, que han sido elegidos o nombrados para gestionar las instituciones de la democracia. Entender que las instituciones democráticas y las personas que las gestionan, o representan, son la misma cosa, no solo es un error, sino que sitúa a quien así lo entiende en algún punto entre el cinismo corporativo y la incompetencia absoluta.

Cada uno de nosotros tenemos nuestro “modelo ideal” de sociedad, de su organización, de su comportamiento ético/moral, del papel que cada grupo social ha de jugar en ese “puzle” y de las relaciones que han de tener entre si y entre cada uno de los individuos que conforman la sociedad. Es decir, si cada uno de nosotros fuésemos capaces de diseñar nuestra sociedad ideal, seguramente nos encontraríamos con millones de modelos diferentes, pero seguro, también, que coincidentes en una gran parte del “diseño”.

Si tuviésemos la capacidad y medios para desarrollar de forma práctica este ejercicio teórico, podríamos establecer un marco amplio de modelo social e ir a continuación eliminando, añadiendo, o cambiando, aquellos aspectos que a cada uno nos parecen inadecuados. El resultado si es que lo hubiera, sería un auténtico caos. Es por lo tanto necesario que sin dejar de lado nuestra propia capacidad crítica (y autocrítica) optemos por defender aquel modelo que filosófica y políticamente consideremos más cercano a nuestra idea de “sociedad feliz”, y que esto lo hagamos con convicción. Con la misma convicción a la que hacía referencia Paulo Coelho, cuando decía “Antes de entrar en una batalla, hay que creer en el motivo de la lucha.”. No lo hagamos tan solo por la simpleza intelectual de oponerse a la propuesta por otros.

Llegados a ese punto nos podríamos plantear si ganada la batalla por la implantación del modelo social, de verdad esa “victoria” trae consigo la consecución del objetivo de “sociedad feliz”, o si por el contrario ha propiciado el “nacimiento” de un modelo simplificado de tal manera que el mismo vea la luz sin vigor, sin capacidad de desarrollo y carente del “entusiasmo” con el que se hacía frente a la “lucha”.

Pero nuestros modelos sociales, los que afectan al llamado “primer mundo”, llevan tiempo sacudidos por la “infección” del populismo. Unas veces alineados en el campo de la ultraderecha y otras en ese conglomerado de nacionalismo proteccionista, y hasta cierto punto autárquico, que defienden algunos grupos de los situados en la extrema izquierda.
Pero el populismo no es tan solo una forma de “estar” en política. Tampoco se circunscribe, en exclusiva, a la defensa de políticas económicas muy diferentes a las que desarrollaría un partido conservador, sino que su “amalgama” de pensamientos va dirigida a recoger el descontento social, no importa el motivo, para todo descontento social el populismo tiene soluciones simplistas, fundadas en la designación de culpables, los inmigrantes, las mujeres, los políticos en general, los partidos “separatistas” … Les basta con exacerbar los sentimientos, con hacer defensa de símbolos y establecer los “enemigos a batir”. Los populistas no quieren una sociedad plural, sino excluyente.

Plantean la disyuntiva de ¡Son ellos o nosotros! Y en ese ellos que cada cual ponga el grupo social, político, étnico… que quiera, pues todos caben en la “argamasa” populista, porque sus pretensiones no son otras que polarizar la sociedad y aglutinar una heterogeneidad “social” contra la propia democracia, pues como estamos viendo, para ellos la democracia es solo un instrumento para el acceso al poder, pero no algo consustancial a la forma de ser y estar en la sociedad. En estos días estamos constatando un ejemplo muy claro, la reacción de Donald Trump a su derrota electoral. Pero no hace falta alejarse mucho, en España llevamos tiempo soportando ese “estilo” de hacer política. Un estilo propio del populismo de extremaderecha, que en nuestro país ha asumido el resto del pensamiento conservador. La famosa “foto de Colón” no fue algo efímero y casual, sino toda una estrategia de confluencia de las derechas españolas. Podríamos denominarla la “CEDA del siglo XXI”, con la pretensión de evitar un gobierno de izquierda. Los acuerdos de gobierno de las derechas (PP y C’s) con el neofascismo para impedir gobiernos del PSOE, o de otras formaciones de izquierda, en CC.AA. y ayuntamientos vino a despejar cualquier duda sobre el significado del “trio de Colón”.

Las constantes diatribas que las derechas exponen en sus discursos, tanto en sede parlamentaria como fuera de ella, han sobrepasado los límites permisibles. Los insultos, las injurias y las calumnias que salen de las bocas de los dirigentes de las derechas, no es algo casual ni fruto de un “calentón”, sino algo preparado con el objetivo de sembrar odio y polarizar la sociedad, exacerbando las más bajas pasiones de las personas que, por diversos motivos, se encuentran en situaciones difíciles. Calificar como «gobierno ilegítimo» a quien está respaldado por la mayoría parlamentaria, es una manera clara de exponer la escasa cultura democrática de quien lo hace. Además de ser algo imposible en el propio sistema democrático.

Decía Antonio Machado, a través de su apócrifo Juan de Mairena:
“Si se tratase de construir una casa, de nada nos aprovecharía que supiéramos tirarnos correctamente los ladrillos a la cabeza. Acaso tampoco, si se tratara de gobernar a un pueblo, nos serviría de mucho una retórica con espolones.”

Pues mucho menos, que la “retórica con espolones”, sirven los insultos, las calumnias y las injurias para trabajar por resolver los problemas sociales.

Por ello, no nos engañemos, la democracia necesita ser defendida, hay que ser “militante de la democracia”. Porque una sociedad plural donde impere sobre todo la libertad de pensamiento, la capacidad crítica de sus componentes y el dinamismo para hacer frente a los problemas que se les planteen, no puede ser fruto de la imposición de un “modelo”, sino de la interrelación de “modelos” y de la confianza de sus miembros en la capacidad de integración y la riqueza que la diversidad supone. Y ese tipo de sociedad no entra en las “mentes del populismo”.

Rafa Valera 11-11-2020

Veinte años no es nada…para los miserables.

Se cumplen 20 años del mayor atentado de nuestra historia. Con dolor lo recuerdo.

Una estrofa del famoso tango “Volver”, inmortalizado por Carlos Gardel y con múltiples versiones, dice:

Volver

Con la frente marchita

Las nieves del tiempo platearon mi sien

Sentir

Que es un soplo la vida

Que veinte años no es nada.

Tomo prestada esta estrofa para “volver” en el recuerdo a ese maldito 11 de marzo de 2004. Mi frente está algo marchita y mí sien bastante plateada. Pero sigo manteniendo los sentimientos que me invadieron esa fría y trágica mañana de aquel jueves de marzo. Han pasado veinte años y. como dice la canción, “no es nada”, sobre todo para los miserables que gobernaban nuestro país en esa fecha.

Como digo, mantengo vivo los sentimientos que me invadieron. Siguen frescos en mi memoria muchos de los momentos vividos en esos días, pero por si acaso mi memoria flaquease, he acudido a mis “cuadernos de notas”, en los que, en esos días fueron recogiendo algunas de las cosas que vivimos y sentimos.

El recuerdo de esa mañana sigue vivo en la memoria. Sobre las 8 menos veinte de la mañana, oigo a Iñaki Gabilondo adelantar la noticia de las explosiones en unos trenes de cercanía antes de entrar en la estación de Atocha. Noticia que se iría ampliando con las estaciones de “El Pozo”, Santa Eugenia, calle Téllez, estación de Atocha ¡Una masacre! Desolación, rabia, dolor, impotencia…toda una amalgama de sentimientos dolorosos se alojaron en mi corazón y en mi cerebro.

Noticias confusas se agolpan en mis recuerdos. Acudo a mis “cuadernos de notas” y veo: “el gobierno informa que ha sido un atentado de ETA”.

Paso la mañana pegado al transistor y con el ordenador conectado a internet para ver qué reacción hay en el mundo. Rechazo ver la televisión. Huyo del morbo de la “exposición de cadáveres” que algunos canales ofrecen.

Otra anotación que me encuentro hecha sobre las 14 horas: “algunos periódicos sudamericanos ponen en cuestión la autoría del atentado y apuntan hacia Al Qaeda”. Lamento no haber anotado con mayor precisión de qué medios de comunicación se trataba, pero así son las notas que tengo.

Sobre las dos y media me veo con un familiar policía, que acaba de salir de su turno de trabajo, él me confirma que entre el “cuerpo” existen muchas dudas de que haya sido ETA. Pero el gobierno de Aznar insiste en ello y en las comparecencias públicas no solo se reafirman en la autoría, sino que “satanizan” a quienes pudieran albergar dudas.

Las comparecencias de miembros del gobierno –el ministro Acebes-, nos dice que el atentado es obra de ETA. Así se lo ha comunicado a las diferentes fuerzas políticas que expresan su apoyo al gobierno. Veo otra anotación escueta: “Zapatero y Llamazares –en aquellos momentos líder de IU-que ya habían condenado el atentado y habían dado veracidad a la versión del gobierno, manifiestan que seguirán detrás del gobierno”.

Por la cronología de las notas, debió ser sobre las 4 de la tarde cuando me llega esa noticia. Sobre las 18,30 salgo para acudir a la concentración silenciosa convocada en mi ciudad como muestra de repulsa al atentando y en solidaridad con las víctimas.

Concentración silenciosa. Me impresiona la asistencia, una ciudad algo apática en las movilizaciones, se ha volcado de forma impresionante. Silencio que se rompe desde la parte en la que se han agrupado dirigentes y militantes del PP, con gritos contra ETA. Gritos que son silenciados por la mayoría en clara actitud de reproche. Y un comentario que comparto con quienes se encontraba en mi entorno: “Pues para mí, que no ha sido ETA”.

Terminada la concentración, una vez vuelvo a casa, contacto con algunos amigos y compañeros del partido y de la UGT que viven en otras provincias. Recabo su impresión y comentamos algunas de las informaciones que hemos venido obteniendo. Lo de ETA empieza a no ser creído por casi nadie, excepto el gobierno (que se lo cree en público) pero que, en privado, sabe de sobra que no lo ha sido.

Termino el día bastante tarde tras un nuevo repaso a los medios internacionales, en los que se empieza a ver que la autoría tiene nombre, Al Qaeda, adelantan unos, “El extremismo islamista”, dicen otros. ETA empieza a no “existir” para esos medios. En un medio inglés leo una frase que, a pesar de mi escaso conocimiento de inglés, me llama la atención, por ello la copio literalmente y la introduzco en un traductor automático: «El escuadrón de la muerte ha conseguido penetrar en el corazón de los cruzados europeos e infringir un golpe doloroso a uno de los pilares de la alianza cruzada, España». Parece que corresponde a un comunicado de “Brigadas Abú Hafs al-Masri/Al Qaida”. Pero esa información no es trasladada por los medios españoles.

Y una nota, creo que del día 12 de marzo, me llama hoy poderosamente la atención: “La Voz de Galicia habla de las palabras de unos agentes de policía con los que ha hablado un periodista en el mismo lugar de los hechos: «ETA no actúa así, siempre avisa antes de que las bombas exploten, no las coloca de forma indiscriminada», aseguraba uno de esos policías a este periodista. Y un titular inequívoco: “Infamia. Al Qaida –literal- perpetra en Madrid la mayor matanza terrorista de la historia”.

Claro, eso era en el 2004, antes de que Feijóo controlase a todos los medios gallegos “engrasándolos” con dinero público, hoy no es posible encontrar esa noticia en la hemeroteca de ese medio.

ETA solo existe para unos miserables malnacidos que, desde el gobierno, seguían trasladando información falsa, que presionaban a los medios de comunicación para que propagaran la versión de: “Ha sido ETA”.

Algunas frases tengo anotadas: ¿Es que alguien piensa que un Gobierno con dos dedos de frente en España, después de treinta años de terrorismo, ante un atentado como el de ayer, no tiene que pensar lógicamente, razonablemente, que pueda ser esa banda su autora? Aznar dixit.

“El modus operandi de las organizaciones terroristas, y muy en concreto de ETA”, dijo Acebes.

“¿Cómo puede ser que después de treinta años de atentados de la organización terrorista ETA no sea la prioridad en la investigación?”, también en boca de Acebes.

Sin olvidar la insistencia de Zaplana, portavoz del gobierno, en la autoría de ETA.

También tengo una nota resaltada: “Carlos Llamas abre su programa en la SER con el desmentido de ETA.”. Al bueno y siempre recordado Carlos Llamas, le llovieron las críticas por ello. Unas críticas que partieron, sobre todo, por unos sinvergüenzas que se autodenominan periodistas y que serían los artífices de la teoría de la conspiración. Unos malnacidos, de la misma calaña que José María Aznar y su gobierno, que han vertido los bulos más viles para no aceptar que la terrible matanza de Madrid tenía unos antecedentes, unas advertencias y unos responsables.

Antecedentes, unos atentados en otros países con bastante semejanza.

Unas advertencias, las realizadas por la Guardia Civil en marzo de 2003 y una nota del CNI de finales de 2003, en ambas se advierte de la posibilidad de perpetrarse atentados terroristas por grupos islamistas. En el mes de octubre, Bin Laden había amenazado a España por su participación en la guerra de Irak.

Y unos responsables –no del atentado, pues eso solo es achacable a los criminales que lo cometieron -, sino de actuar como actuaron sin prever las consecuencias de sus actos. Pero todo eso se quiso tapar con “el comodín” de ETA.

Pasaron los años, hubo una profunda investigación –incluida una Comisión parlamentaria-, un juicio y una Sentencia clara y firme, pero esos malnacidos no han pedido perdón y, tras veinte años, muchos de ellos, siguen alimentando los mismos bulos que en 2004.

Pero quienes solemos leer bastante y anotar algunas cosas, no podemos olvidar que, en febrero de 2020, quien fuera ministro de Asuntos Exteriores en el gobierno del PP, José Manuel Margallo, concedió una entrevista al diario “El País” en la que, algunos extractos de su libro de memoria son resaltados. Uno de ellos se refiere al recordó de esos días y habla de una reunión en Moncloa en la que, textualmente dice: “Entraron Pedro Arriola y Paco Villar y les pregunté: “¿Sabemos quién ha sido?” “Todavía no –me respondieron–. Si ha sido ETA nos salimos del mapa, pero si han sido los yihadistas nos vamos a casa”.

Una evidencia clara de que en el gobierno de Aznar y en el PP, estaban más preocupados por la incidencia del atentado en las elecciones del 14 de marzo, que en la tragedia humana que teníamos por delante. De ahí que llegar a las elecciones con: “Ha sido ETA” se convirtiera en el principal objetivo de estos malnacidos.

La sabiduría de un pueblo lanzó al aire una pregunta: ¿Quién ha sido?, y aquella pregunta se extendió por toda España como un gesto de rebeldía ante el engaño que se estaba intentando perpetrar por un Gobierno, el de Aznar, que llamó «miserables» a quienes decían que no era obra de ETA.

Los medios de comunicación, salvo algunas, muy pocas excepciones, actuaron como “brazo armado” del PP, tanto en el tratamiento informativo de la tragedia, como en la neutralidad, objetividad y pluralismo exigibles deontológica y legalmente ante unas elecciones generales.

El cenit de la indecencia lo alcanza “El Mundo” que, en la jornada de reflexión, publica una entrevista con Mariano Rajoy, candidato del PP con este resaltado titular: “Tengo la convicción moral de que ha sido ETA” y añadía: “«Ahora sería bueno que hubiera un Gobierno con mayoría absoluta”. Todo esto cuando el gobierno ya sabía, por medio del CNI, que este organismo de seguridad, trabajaba en esos momentos con un 99 por ciento de posibilidades que el atentado fuera obra de un comando islamista.

Una vez más despreciaban a la inteligencia y optaban por la falacia borreguil. Falacia que hoy, veinte años después, sigue instalada en la mente de una parte de la sociedad que aún da crédito a unos miserables malnacidos.

La catadura moral de esta calaña que anidaba –y anida en el PP- la da el insulto que Álvarez Cascos –a la sazón ministro de Fomento-, dirigió a Pilar Manjón, madre de una víctima y presidenta de la Asociación 11-M: «Por esta puta y 4 muertos de mierda perdimos las elecciones».

Como decía Machado: “Mala gente que camina y va apestando la tierra”. Y esa mala gente va desde Aznar y toda su “jauría”, hasta toda una caterva de periodistas que deshonran a la profesión, entre los que destacaron Alfredo Urdazi y Pedro J. Ramírez.

Rafa Valera 11_03_2024

Y la economía va bien.

Quienes solemos prestar atención a la publicación de datos económicos, de previsiones que realizan algunos organismos e instituciones y, cómo no, a las “profecías” de algunos gurús económicos de las derechas, no tenemos más remedio que reflejar algo de sorpresa por el “silencio” que viene mostrando ese “mundillo económico” desde que se inició 2024.

Un breve repaso a los vaticinios con los que nos obsequiaban los profetas del apocalipsis en los análisis de cierre de 2023, no llevaba a pensar que el mes de enero de 2024 sería el inicio de la caída económica en España. Así nos lo advertían, unos, de manera cruda y, otros, de manera solapada y sibilina, como no queriendo mostrarse en toda su “crudeza”, pero avisándonos de lo que se nos venía encima.

Llevamos tres semanas de 2024, aunque no sea un periodo significativo para poder hacer un análisis determinante, algunos datos que han podido leerse en este tiempo en diferentes publicaciones económicas, nos dicen algunas cosas relevantes:

1.- “Las empresas españolas inician 2024 con un nivel de confianza mayor que las europeas”. Así es como se recoge en la 31ª edición de la ‘Encuesta de Perspectivas Empresariales 2024′, elaborada por la Cámara de Comercio de España en colaboración con Eurocámaras. Nos dice este informe que las empresas contemplan con: “perspectivas positivas en todas las variables analizadas, como las ventas nacionales, la exportación, el empleo y la inversión.

2.- El INE confirmó la semana pasada la caída de la inflación al 3,1% -una décima menos de la, en principio, estimada. Esto viene a confirmar la eficacia de las medidas tomadas por el Gobierno para contener la inflación. Medidas que, por cierto, gran parte de ellas se recogían en uno de los Decretos votados la semana pasada en el Congreso y a los que las derechas políticas se opusieron.

3.- Los datos de empleo a 15 de enero, nos indican que la creación de empleo sigue por buen camino. Unos 30 mil empleos creados en una quincena es una cifra significativa y viene a indicar que el mercado laboral español sigue mostrando esa fortaleza adquirida tras la pandemia, recobrando el buen camino iniciado en 2018, además de una sustancial mejora en la calidad del empleo tras la reforma laboral. Que el nivel de temporalidad en el empleo haya caído al 17% -una disminución de más de 10 puntos respecto a la existente hace dos años-, nos viene a mostrar el fracaso predictivo de aquellos que vaticinaban el “apocalipsis” tras aprobarse la reforma laboral. Hay más empleo y de mayor calidad. Hay mejores salarios, bases de cotización más altas que propiciarán mejores pensiones en el futuro y la Seguridad Social ha recobrado la senda del superávit tras el descalabro ruinoso al que la llevó el gobierno del PP.

En unos días conoceremos el dato de crecimiento del PIB del último trimestre de 2023 –será un dato provisional, como suele hacerse-, esperemos que el INE sea algo más “riguroso” que en anteriores ocasiones y el dato que nos ofrezca no tenga que ser corregido de manera “gruesa” en meses venideros. También conoceremos en esta semana el IPC adelantado del mes de enero.

Veremos si se confirman las previsiones, porque todos los indicadores económicos publicados en las últimas semanas muestran que la economía española no solo no da muestras de agotamiento, sino que apunta a una ligera reactivación, lo que puede llevar, de nuevo, a mejorar las previsiones que suelen hacer organismos, instituciones y “gurús” económicos.

Dos son los grandes pilares sobre los que se cimienta ese avance económico, el primero: “La creación de empleo”, que se ha acelerado, aumentando la renta disponible de los hogares, impulsando así su consumo y generando, con ello, nuevos empleos. El segundo pilar es la importante mejora en las exportaciones españolas. El último informe publicado –cierre del 3º trimestre de 2023-, nos dice que las exportaciones españolas de mercancías en el periodo enero-octubre de 2023 alcanzaron los 319.862 millones de euros. Ello nos indica que el déficit comercial de los diez primeros meses del año se redujo más de un 42%, alcanzando los 34.732 millones de euros, cifra inferior al déficit de 60.290 millones registrado en el mismo periodo de 2022. Este déficit es, de sobra, compensado por el sector turístico que, todo apunta, a que tendrá un superávit que rondará los 60 mil millones.

Es, hasta cierto punto, lamentable que el debate público esté dominado por la hipérbole, la estridencia y el insulto, sobre asuntos que tienen más que ver con polémicas fabricadas que con las “cosas de comer” que son las que afectan a la gran mayoría. Es una pena que estos asuntos, que son los que consolidan el bienestar de la ciudadanía, estén ocultos en el debate y, lo que es aún peor, que los propios medios callen y e ignoren los mismos. Porque es todo un “desafío” encontrar alguna referencia en los medios sobre noticias económicas positivas. ¡Ay, si fueran negativas!

Inicié 2024 publicando un artículo en el que llamaba al optimismo: “Iniciemos en año con optimismo” lo titulé. Hablaba del estercolero en el que las derechas, con sus terminales mediáticas, han convertido la política española. Hoy, sin que ese estercolero esté algo mejor, sino todo lo contrario, hemos de proseguir fomentando la calidad en el debate. Calidad que no solo ha de ser por la capacidad persuasiva de sus “actores” sino que ha de ser acompañada de los asuntos vitales para la ciudadanía y la marcha de la economía es vital para poder hacer una política redistributiva con claros signos socialdemócrata.

Rafa Valera 21_01_2024

No es la ley electoral, es la Constitución

Suele ocurrir que, tras cada proceso electoral de carácter general, se plantean las dudas de si nuestra ley electoral es, o no, la adecuada para recoger con fidelidad el pensamiento del electorado. En los últimos días he visto, de nuevo, artículos sobre la “maldad” de la ley electoral y el sistema D’Hont. Artículos que, en mi opinión, no son totalmente rigurosos y parten de suposiciones teóricas que en pocas ocasiones se producen. Un debate distinto es si la actual ley es, o no, adecuada para el presente político.
Por ello, bueno es que reflexionemos sobre si una norma emanada de la ley Para la Reforma Política de 1976, plasmada en el Real Decreto Ley 20/1977 -Sobre Normas Electorales-, con algunos de sus “fundamentos” incluidos en la Constitución y, finalmente, convertida en Ley Orgánica en 1985 (LOREG), sigue siendo una “norma útil” en nuestros días. Pero previa a la reflexión, bueno es que conozcamos el “anclaje” jurídico de una norma que ha regulado los procesos electorales en España. Porque sin dudar de la utilidad que hasta ahora ha tenido este soporte legal con el que se ha expresado la voluntad popular, surgen dudas de si esa “utilidad” se mantiene hoy. Aunque, tal vez, no deberíamos buscar “culpas” en la Ley Electoral (LOREG), sino desviar la mirada hacia nuestra “Carta Magna”.
Si hacemos un breve repaso “histórico” de la génesis de la Ley Electoral (la actual LOREG), veremos que es el artículo segundo de la Ley Para la reforma política (1), el que “siembra la semilla” sobre la que se desarrolla el Real Decreto Ley de 20/1977, que, prácticamente calca, en su artículo 19 (2), las mismas condiciones que el artículo segundo de la ley. La “filosofía” de la misma termina siendo recogida en la Constitución, concretamente en su artículo 68 (3), que afecta al Congreso y 69 (4) que atañe al Senado.
También se estableció, desde la primera norma, que el sistema por el que procedería al reparto de escaños, sería el llamado Sistema d’Hondt.
Toda la normativa electoral quedaría, finalmente, recopilada en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985, conocida como LOREG.
Cuando se redactó y promulgó el Real Decreto-ley 20/1977, (ya digo, con base a lo establecido en la Ley Para la Reforma Política) se hizo con la clara intención de que las urnas propiciaran como resultado un gobierno “fuerte” y una oposición “fortalecida”. Había que afrontar un reto trascendental, poner en pie todo el entramado de un estado democrático, y ello sería menos complicado con gobierno y oposición fuertemente respaldados. Se atribuye la “paternidad” de la norma a un colaborador de Adolfo Suárez, -que más tarde sería ministro- Otero Novas, que en la actualidad se mueve en el entorno de los neofascistas de Vox.
Pero una ley electoral debe reunir y conjugar, en mi opinión, dos conceptos fundamentales. El primero, debe reflejar de la manera más fiel posible el sentir del electorado; el segundo, otorgar el mismo valor al voto independientemente de dónde se deposite. Se podría añadir un tercero, pero se entraría en un debate complementario, el dotar de estabilidad-gobernabilidad a la aritmética parlamentaria- Pero como digo, este es un debate, si se quiere complementario, a la utilidad de la norma electoral, pero de abrirse ese debate, debería tenerse en cuenta que dotar de mayor “estabilidad-gobernabilidad” nunca debería hacerse menoscabando la representatividad del electorado. Nunca debería hacerse buscando la eliminación de las expresiones sociales minoritarias, que ya tienen un “escalón porcentual” que deben alcanzar para estar representadas en las Cortes.
Nuestra actual ley choca con el segundo de los principios antes señalados “el valor igualitario del voto”, pero seamos claros, ni lo puede arreglar la ley ni es culpa del sistema de reparto, el llamado “Sistema D’Hont”, sino que es algo que su “mal” se encuentra en la Constitución, en su artículo 68, donde se establece que la circunscripción electoral es la provincia.
En muchas ocasiones hemos tenido que leer y/o escuchar que la culpa es del “Sistema D’Hont”, pero nada más lejos de la realidad, pues este sistema tiene incidencia, escasa, en algunas provincias -las que eligen entre 6 y 8 diputados, pero es irrelevante en el resto de provincias porque el número de diputados a elegir, cinco o menos, o bien 9 o más, provoca que se convierta en un sistema proporcional. Habrá quienes se agarren a alguna casuística para rebatir esta afirmación, pero un repaso a las dieciséis elecciones generales celebradas, nos permite mantener que el “culpable” no es el jurista belga Victor d’Hondt, “inventor” de este sistema, sino que habría que mirar para el artículo 68 de Constitución española para determinar “culpabilidad”.
Porque si leemos con detenimiento los artículos 68 y 69 del texto constitucional, (ver notas 3 y 4) veremos que, para una de las cámaras, el Congreso, establece un sistema electoral cuasi proporcional, mientras que, para la otra, el Senado, determina un sistema mayoritario. De manera que, con más o menos acierto, el reparto de escaños al Congreso viene a reflejar el sentir del electorado. Sí, con la salvedad de que ese sentir es un sentir provincial. Que en las provincias donde se eligen pocos diputados hay fuerzas políticas que no alcanzan representación, por lo que sus votos no se ven reflejados en el Congreso, cierto, pero no es culpa del sistema de reparto. Hacer una traslación de los resultados de las dieciséis elecciones generales celebradas, aplicando el sistema proporcional es algo fácil de hacer, laborioso, sí, porque implica realizar muchos cálculos, pero fácil porque solo es efectuar operaciones de aritmética básica. Quien haga ese ejercicio, comprobará que la incidencia en el resultado de esos dieciséis procesos electorales es mínima.
También se podría decir que la vulneración del principio de igualdad del valor del voto, se ve reflejada en Senado, donde al votarse a un máximo de 3 senadores, las dos fuerzas mayoritarias de cada provincia copan los cuatro puestos, siendo prácticamente coincidentes los porcentajes de votos obtenidos por los senadores y los de sus partidos correspondientes en el Congreso. Pero lo que no tiene lógica democrática alguna es que, con un número de votos similar, en el Congreso de ocupe el 30/35% de la representación y en el Senado se convierta en el 55%.
Por ello, lo proclamado en el punto 1 del artículo 68 de la Constitución: …” por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto,…” no se cumple, el valor del voto no es igual en Soria que en Sevilla, o que en Ávila y Madrid.
A estas alturas del artículo cabría preguntarse si “esto tiene arreglo”. La respuesta tiene que ser de rotunda afirmación: Sí, tiene arreglo. Pero exige de algunas modificaciones legales que pueden llegar a la propia Constitución en sus artículos 68 y 69.
Porque, qué sentido tiene que consolidadas las CC.AA. y siendo el Senado una Cámara de representación territorial, se sigan eligiendo senadores por provincias. Lo adecuado es que la representación al Senado venga determinada por una elección en el ámbito territorial al que representa, la Comunidad Autónoma y además que refleje, lo más fiel posible, el sentir del electorado.
Con el Congreso es diferente. Si bien sería posible cambiar la provincia como circunscripción electoral, no es, en mi opinión, lo aconsejable, sino que debería mantenerse la cercanía representado/representante y, para corregir la situación, “jugarse” con dos opciones, el “numerus clausus” que se recoge en el artículo 68, que fija “entre 300 y 400” el número de integrantes del Congreso, o bien la posibilidad de buscar encaje legal al llamado “sistema de segunda vuelta”, que no abordo en este artículo para no hacer interminable el mismo.
Veamos qué implicaría cada una de ellas.
La primera, incrementar proporcionalmente el número de diputados por provincia para que representen a un número de electores similares. Esto nos podría llevar disminuir el número de diputados a elegir en las provincias con menos población (algunas de las que tiene 3 pasarían a 2, mientras que las más pobladas verían incrementado su cupo de representantes). Esta opción no evitaría que una parte importante del electorado de algunas provincias, se quede sin representación. Muy posiblemente este problema se agudizaría en las provincias que perdieran diputados a elegir. No parece, por tanto, una buena fórmula para arreglar ese problema.
La segunda opción sería la de añadir, a la circunscripción provincial, una circunscripción de ámbito estatal. Es decir, totalizar la suma de votos obtenidos por cada partido en cada provincia y hacer un reparto (bien con el Sistema D’Hont, bien de manera proporcional) de un número de diputados adicionales (sin cambiar el “numerus clausus” de entre 300 y 400). Para cuadrar estas cifras se hace necesario bajar la representación provincial. Con el censo actual y partiendo de la cifra de 300 diputados, distribuidos proporcionalmente a los electores de cada provincia, nos llevaría a establecer un diputado por cada 125 mil electores. Esto mermaría la representación de las provincias de menor población. En cambio, dispondríamos de un número de entre 50 y 100 diputados para distribuir en la circunscripción “única de ámbito estatal”. La distribución proporcional (o por el Sistema D’Hont) de ese número de diputados (pongamos 75), permitiría que los partidos minoritarios recuperan, por esta vía, representación no lograda en algunas provincias.
Además, esta fórmula permitiría, también, “acomodar” el voto de los residentes en el exterior, el conocido como voto CERA, de manera que la población española residente en el extranjero se sintiese representada por unos diputados concretos que se ocupasen más directamente de los problemas comunes que tiene esta población.
Seguramente habrá otras fórmulas que a mí no se me ocurren, de manera que sea cual fuere, la que pudiera arbitrarse, es evidente que debe conseguir reflejar con más exactitud representativa el pensamiento de la ciudadanía, a la vez que hacer más igualitario el valor del voto. Algo que, en mi opinión, haría más democrática la representación de los electores en el Congreso y el Senado.
Llegados a este punto, no debemos ignorar que el cambio de la LOREG exige la mayoría absoluta del Congreso, pues es una Ley Orgánica, mientras que los necesarios cambios de los artículos 68 y 69 de la Constitución requieren de una mayoría reforzada de 3/5 de la Cámara, es decir, el voto afirmativo de 210 diputados.
A nadie se le escapa la dificultad, dada la situación política y la composición de las Cámaras, para acometer los cambios legales. Pero esa dificultad no debería ser un obstáculo para hacer frente a un problema que afecta a todas las formaciones políticas y, además, afrontarlo sin la pretensión de “sacar ventajas”, sino de resolver un problema que tras cada proceso electoral se va agrandando. Ya va siendo hora de corregir “efectos no previstos” por quienes tuvieron la responsabilidad de poner en marcha el entramado jurídico que da soporte a la representación de la ciudadanía en las Cortes. A la vez que se reforzaría lo recogido en el artículo 1.2 de la Constitución: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.”, pues se ajustaría con más exactitud al pensamiento de ese pueblo.

Rafa Valera 01_12_2023

Notas:
_{(1) Ley para la Reforma Política.
Artículo segundo Uno. Las Cortes se componen del Congreso de Diputados y del Senado.
Dos. Los Diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los españoles mayores de edad.
Tres. Los Senadores serán elegidos en representación de las Entidades territoriales. El Rey podrá designar para cada legislatura Senadores en número no superior a la quinta parte del de los elegidos.
Cuatro. La duración del mandato de Diputados y Senadores será de cuatro años.
Cinco. El Congreso y el Senado establecerán sus propios Reglamentos y elegirán sus respectivos Presidentes.
Seis. El Presidente de las Cortes y del Consejo del Reino será nombrado por el Rey.
(2) Real Decreto Ley 20/1977
Artículo diecinueve—Uno. Para la elección de Diputados y de Senadores cada provincia y las ciudades de Ceuta y Melilla constituirán un distrito electoral.
Dos. Se exceptúan de lo dispuesto en el número anterior, a efectos de la elección de Senadores, las provincias insulares, en las que a tal efecto se formarán los nueve distritos siguientes:
Mallorca, Menorca, Ibiza-Formentera, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, La Palma, La Gomera-Hierro.
Tres. Será elegido el número de Diputados siguientes: Tres en Soria, Guadalajara, Segovia, Teruel, Palencia, Avila y Huesca; cuatro en Cuenca, Zamora, Alava, Logroño, Albacete, Lérida, Burgos y
Salamanca; cinco en Almería. Huelva, Castellón, Lugo, Cáceres, Orense, Gerona, Valladolid, Toledo, Tarragona, Ciudad Real, Navarra y Santander; seis en León, Baleares y Las Palmas; siete en Badajoz, Jaén, Santa Cruz de Tenerife, Guipúzcoa, Córdoba y Granada; ocho en Zaragoza, Pontevedra, Murcia, Málaga y Cádiz; nueve en Alicante y La Coruña; diez en Oviedo y Vizcaya-, doce en Sevilla; quince en
Valencia; treinta y dos en Madrid y treinta y tres en Barcelona.
Los distritos de Ceuta y Melilla elegirán un Diputado cada uno de ellos.
Cuatro. Cada distrito electoral elegirá cuatro Senadores, a excepción de los siguientes: Mallorca, Gran Canaria y Tenerife, que elegirán tres; Ceuta y Melilla, que elegirán dos, y Menorca, Ibiza-Formentera, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera-Hierro, que elegirán uno.
(3) Artículo 68 de la Constitución.
1.- El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
2.- La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
3.- La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.
4.- El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
5.- Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España.
6.- Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
(4) Artículo 69 de la Constitución.
1.- El Senado es la Cámara de representación territorial.
2.- En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
3.- En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores -Gran Canaria, Mallorca y Tenerife- y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
4.- Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
5.- Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
6.- El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara}.

Destacar entre “los gallos”.

Desde que se conoció el acuerdo para la investidura firmado por el PSOE y ERC, en el que se recoge un punto que dice: “Se modificará la normativa para permitir que el Estado pueda asumir parte de la deuda de las CC.AA. de régimen común que tenga su origen en “el impacto negativo del ciclo económico. En caso necesario, podrían contemplarse transferencias para la cancelación de deudas con terceros.”, el “patio autonómico” entró en ebullición.

No hay nada que altere más los ánimos de los “gallos autonómicos” que un posible trato discriminatorio.

Muy pocos, por no decir ninguno, de estos gallos sabe cuál será la discriminación ni por qué se producirá, pero ponen la venda antes que la herida y, algunos, se apuntan al: ¡Y dos huevos duros!

Porque, como bien dice el texto de ese acuerdo, en lo que respecta a la deuda autonómica, de lo que se trata es que el estado asuma parte de la misma, pues la mayor parte tiene su origen en el impacto de la crisis financiera y en la escasa financiación con la que contaban las CC.AA. tras los recortes llevados a cabo, principalmente, bajo el mandato de Mariano Rajoy.

No se trata, por tanto, de realizar “quitas de deudas” para unos y no para otros, sino para todas las CC.AA. excepto País Vasco y Navarra pues tienen sus propios regímenes.

Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no ha explicitado la propuesta en la que basará las modificaciones legales que permitan al estado asumir parte de la deuda autonómica, pero si hay algunos estudios que, partiendo de los teóricos 15 mil millones que se condonarían a Cataluña, extrapolan los cálculos para establecer en qué medida se verían afectadas el resto de CC.AA., uno de esos estudios lo ha realizado la Fundación FEDEA.

FEDEA, para quienes no conozcan el asunto, es una Fundación dedicada al estudio e investigación, principalmente en materia económica. Según se definen ellos mismos: “Fedea es el principal think tank económico de nuestro país, con impacto nacional e internacional”. Y en su propia página web recogen: “La actividad de Fedea tiene tres facetas fundamentales: investigación, divulgación e influencia sobre el diseño de las políticas públicas.”

Los patronos de la Fundación no son “cualquier cosa”, sino empresas e instituciones de solvencia, Banco de España, Telefónica, BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, ACS, Abertis, Mapfre, Enagás… El Patronato está presidido por José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche, CAIXABANK, que, a su vez, preside la Comisión Ejecutiva, y entre sus miembros están José Antonio Álvarez Álvarez, SANTANDER, José María Álvarez-Pallete López, TELEFÓNICA… y otros altos ejecutivos de grandes corporaciones.

Podemos afirmar, sin temor a errar, que Fedea no es un “nido de rojos”, no solo por las personas que conforman Patronato y Comisión Ejecutiva, sino por los informes que elabora de manera periódica. Más bien podríamos decir que es un instrumento al servicio de los poderes económico-empresariales.

Pues el último informe elaborado, al menos que yo conozca, ha sido sobre la incidencia de los pactos alcanzados para la investidura entre el PSOE y el resto de partidos. Son muchas las consideraciones que en ese estudio se recogen, la gran mayoría no son más que hipótesis a la espera de que talas acuerdos se plasmen en normas legales.

Algunos medios han publicado el impacto que tendría en cada Comunidad Autónoma la aplicación de ese punto del acuerdo entre PSOE y ERC.

Parten de una hipótesis, bastante razonable, la de aplicar la quita de deuda por habitante. Un criterio “neutro” que nadie podrá calificar de arbitrario ni discriminatorio. 1.890€ por habitante es el criterio que utiliza Fedea para hacer sus cálculos, pero ignora -no puede ser de otra forma, porque la norma no está ni siquiera esbozada- qué criterios establecerá y qué compromisos han de adquirir las CC.AA. para que la quita no sea un “incentivo” al gasto sin control.

El estudio parte del censo de población de 2021, por lo que, sin duda, tendrá alguna variación si la norma que se apruebe actualiza ese censo a 2023.

Curiosamente, la comunidad que sale más beneficiada es Andalucía. No podía ser de otra forma, pues es la que cuenta con mayor población. Sin embargo, el “gallo Bonilla” es uno de los que más “cacarea” y agita el agravio comparativo.

Enfrentar territorios no es algo que se haga sin pensarlo. Se hace de manera intencionada pues, se cree, tal vez con razón, que el sentimiento de agravio es algo que produce una reacción contraria a quienes se señalan como responsables de llevarlo a cabo. Da igual que ese agravio sea cierto o no, lo importante es crear el sentimiento en un sector de la sociedad, porque a partir de ahí, ese sector social obviará las razones, despreciará los datos y solo se guiará por las pasiones que provoca el sentirse agraviada. Es el avivar los bajos instintos con fines políticos, sin importar para nada el daño que se hace a la convivencia social.

Mientras tanto, mientras se aviva el agravio, algunos presidentes de comunidades autónomas ya están echando cuentas para beneficiarse de la quita de deuda que les va a “tocar” una vez se materialice ese “malvado acuerdo”. Así que ya se han producido “llamadas y contactos” con el Ministerio de Hacienda para calcular qué parte de la tarta le toca a cada cual. Casi todos maldicen la “tarta”, pero ninguno se quiere quedar sin su trozo. Es lo que tiene la hipocresía, rechazable siempre y, muy peligrosa cuando se conjuga con la manipulación de los sentimientos.

Las derechas españolas, no me refiero solo a las derechas políticas, también a la sociológica, es muy dada a buscar agravios territoriales, curiosamente hacia las comunidades periféricas, cuando, si de buscar agravios se tratara, el mayor se encontraría en el centro geográfico de la península, que durante siglos ha sido beneficiado por el poder político y económico y desde donde se ha determinado la “vida y hacienda” del resto de España.

Rafa Valera 25_11_2023

Las derechas y la barahúnda.

Decía el gran fabulista griego Esopo: “La rueda más estropeada del carro es la que hace más ruido”.

Una frase que describe a la perfección la situación política que vivimos -y sufrimos- en España con el comportamiento de las derechas ¡Y no solo las políticas! También aquellas otras incrustadas en los aparatos del estado.

Un ruido que engendra confusión. La confusión produce malestar. Y el malestar, comportamientos impredecibles de los ciudadanos.

Decir que las derechas se han instalado en el “ruido” no es ninguna novedad, ni se descubre nada nuevo, pero en los últimos tiempos se han “acomodado” en la barahúnda, que no es otra cosa que: “Confusión grande, con estrépito y notable desorden».

Una barahúnda que, acompañada de las mentidas y exageraciones, solo viene a crear confusión en la sociedad, pero que analizada con cierto detenimiento pone de relieve, no solo las contradicciones, sino el desmentirse a si mismos por quienes las dicen.

“El fin de la democracia, el advenimiento de la dictadura, la derogación de la Constitución, la voladura del Estado de Derecho…” son expresiones oídas en los últimos días, pero carentes del más mínimo sentido de la realidad, pues si eso que dicen fuese verdad, simplemente, no lo podrían decir, so pena de ser encarceladas las personas que así se pronunciasen. Esa sería la dictadura. Tener la libertad de decir cuantas barbaridades se les ocurra e insultar al gobierno, a su presidente, o a miles de socialistas, es justamente la prueba de que mienten.

No, no es el fin de la democracia, ni la llegada de una dictadura, ni se deroga la Constitución, ni se vuela en Estado de Derecho”.

Decía Max Weber: «El político debe tener: amor apasionado por su causa; ética de su responsabilidad; mesura en sus actuaciones”. Es evidente que en las derechas, Weber, no tiene mucho predicamento.

Porque lo que va a ocurrir es que, en esta semana, se procederá a la investidura de un presidente, Pedro Sánchez, por el procedimiento establecido en el artículo 99 de la Constitución. Se hará en primera votación y por la mayoría transversal y absoluta del Congreso (179 votos que representan a 8 partidos diferentes y a más de 12,6 millones de españoles) y en contra tendrá al PP-Vox (hermanos siameses, instalados en la extrema derecha).

¿Alguien conoce una dictadura, actual o pasada, que estuviese amparada en la mayoría parlamentaria salida de 8 partidos diferentes y con pensamientos distintos?

Es evidente que la propia definición de “dictadura”, ya desmiente esta exageración (por no llamarle gilipollez).

Pero, además, los acuerdos que han posibilitado esa mayoría son públicos, no hay nada en ellos que se salga del marco jurídico español o europeo y, para más inri, aquello que ha de plasmarse en leyes, debe pasar por su aprobación en las Cortes Generales. ¿Dónde está la dictadura? ¿Qué mecanismo es el que deroga la Constitución?

No, no hay ni una cosa ni la otra, y quienes lo dicen saben bien que es mentira, pero utilizan la mentira, la exageración y la crispación para ocultar su incapacidad para dar alternativas a los problemas que tiene la sociedad. Alternativas que no sean la represión, el enfrentamiento y división social.

Algunos críticos cinematográficos mantienen que: “Los malos cineastas suelen refugiarse en el ruido, la pirotecnia y la confusión para camuflar la falta de claridad de ideas”, dando con ello la impresión de querer aparecer como “obras maestras posmoderna”, cuando en realidad no es más que un “bodrio ambiguo y ruidoso”.

Pues en eso es lo que, Feijóo y sus corifeos, están convirtiendo la política, En algo que es propio de la extrema derecha fascista, pero que no cabría esperarse de un partido que ha gobernado España durante 14 años y que tiene altas cotas de poder autonómico y municipal.

Solo en la desesperación, ante el veredicto de las urnas, puede entenderse esa manera de actuar. Pero por mucha que sea la desesperación de Feijóo -y del PP, con la frustración de haberse visto de ministros y no poder llegar a serlo-, España no tiene por qué soportarla

Pero el “mensaje” que lanzan las derechas -la política, la mediática, la judicial, la eclesiástica…- esconde algo más y mucho más peligroso: El no respetar la soberanía popular. Ese es el verdadero peligro que hay detrás de toda la barahúnda.

Porque contraponer la legitimidad de los votos de quienes son elegidos diputados a la “algarabía y el ruido”, no es otra cosa que golpismo.

Y da igual que esa algarabía esté fomentada por los partidos de derechas, por los cabecillas del franquismo nostálgico, al que alimenta “intelectualmente” un expresidente con una trayectoria política y personal nada ejemplar, y con una acreditada ruindad y felonía. Tampoco importa que sea alentada por los “okupas” de CGPJ, ni por medios de comunicación con un acreditado “pedigrí” manipulador, tertulianos bien “engrasados” en el “antisanchismo”, o asociaciones corporativas -y corporativistas- a las que parece les está costando entender que la “transición también iba con ellas” y que mienten a sabiendas.

Toda esta amalgama no hace otra cosa que fomentar la crispación, negar la facultad de quienes representan la voluntad popular y abonar el campo para la siembra del odio.

Pero la mayor de las contradicciones es ver cómo se anima y se aplaude a una jauría de manifestantes que cantan canciones fascistas, que enarbolan banderas con el “pollo franquista” y que dicen eso de: “La Constitución rompe la nación”, a la vez que atacan a la propia monarquía que dicen defender.

Habrá quienes caigan en el engaño y se dejen arrastrar por el “señuelo” de la ley de amnistía que será presentada en el Congreso. No dudo de que haya personas a las que no les parezca bien que se perdonen determinadas actuaciones. Posiblemente porque, muchas de ellas, han conformado pensamiento en torno a los “titulares” de prensa y las exageradas declaraciones de los portavoces derechistas. Pero esa ley, por lo que se está conociendo, no solo será un claro reconocimiento al valor de la Constitución, sino que, cuando sea aprobada, gozará de toda la legitimidad democrática, pasará el “filtro” del Tribunal Constitucional y será el Poder Judicial el encargado de aplicarla. ¿De dónde sale, pues, eso de “cargarse” la separación de poderes?

No hay nada que avale las mentiras que se están propagando por las derechas. Lo único que hay es un: “Todos contra Pedro Sánchez y contra un gobierno progresista”. Porque eso es en realidad a lo que temen y no tanto a la amnistía.

Porque la amnistía es una figura jurídica y una medida de gracia a la que ningún país democrático homologable ha renunciado en sus ordenamientos jurídicos. Pero, además, en contra lo que se está diciendo por las derechas no “borra el delito”. Quienes alberguen dudas que estudien bien la ley de amnistía den 1977 y el alcance de la misma. Y si aún les “duele la conciencia”, pues que comparen la futura ley con aquella que aprobó el PP para amnistiar a más de 30 mil defraudadores fiscales y evasores de impuestos. Claro, que esos 30 mil eran “gente de bien”.

Finalmente, recordar algo muy obvio: “el ruido triunfa, más que donde es oído, donde no deja oír” y las derechas pretenden provocar una “hipoacusia colectiva” (pérdida de audición por exposición al ruido), de la sociedad.

Acabo con una frase del libro “El amante japonés”, cuya autora es Isabel Allende.

“Hay mucha gente buena, Irina, pero es discreta. Los malos, en cambio, hacen mucho ruido, por eso se notan más”.

De ahí que en España estemos soportando la barahúnda de las derechas con la excusa de la «amnistía», pero ante ella, toda persona debería interrogarse: ¿Y a mí, en qué me perjudica?

En otro momento hablaremos de la Judicatura, porque están provocando que hablemos.

Rafa Valera 13_11_2023

Patria, hectáreas y personas.

El término “patria” es continuamente utilizado, y recalco lo de “utilizado”, por las derechas. Porque realmente es eso lo que hacen, utilizar, en el sentido que define la RAE, en su segunda acepción, esa palabra: “Aprovecharse de algo o de alguien”.

Y eso es lo que hacen las derechas cuando invocan a la “patria”, aprovecharse de ese concepto para sacar tajada de cualquier situación, ya sea esta política, económica o “medio pensionista”.

Pero qué es la patria. Porque quizás sea conveniente que, al menos, nos pongamos de acuerdo en dar el correcto significado a las palabras para poder entendernos cuando hablamos de ellas.

Patria, según determina la RAE, tiene dos acepciones. La primera dice: “Tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos.”

Y la segunda: “Lugar, ciudad o país en que se ha nacido.”

En las dos acepciones, la persona, “el ser humano”, es el sujeto principal sobre el que gira el significado de la palabra patria. Es por ello necesario que sobre los habitantes de un lugar definido como patria se establezca el debate, pero no sobre las “hectáreas” que conforman el territorio “patria”.

Comento esto porque a lo largo de la historia, las derechas españolas han dado supremacía a las hectáreas sobre las personas. Ha puesto su énfasis en defender las “hectáreas” por encima de los sentimientos, de los derechos y de las libertades de quienes sobre esas “hectáreas” habitan. Bastaría acudir a las declaraciones de Franco, cuando aseguró que «Salvaré España del marxismo, cueste lo que cueste». Y ante la pregunta del periodista norteamericano: ¿Eso significa que tendrá que matar a la mitad de España?». Franco sacudió la cabeza con sonrisa escéptica, y dijo: “Repito, cueste lo que cueste».

Con esa atávica forma de pensar, las derechas españolas, han alimentado el conflicto territorial durante los dos últimos siglos. Y si esto parecía que quedaba “superado” con el Título VIII de la Constitución de 1978, el transcurrir del tiempo nos ha demostrado que no. Que al igual que Manuel Fraga -fundador de Alianza Popular, reconvertida luego en el actual PP- se opuso al Título VIII de la Constitución, sus sucesores no han avanzado mucho en entender la pluralidad de un país llamado España.

Basta leer los artículos que José María Aznar -joven falangista, según se definía él mismo- en La Nueva Rioja, para comprobar que eso de “España una y no cincuenta y una”, o “La Constitución destruye la nación”, no son lemas de nuevo cuyo ante una situación que no les gusta, sino que viene de lejos, ya los utilizaban en aquellos años en los que “la Constitución era un peligro para la unidad nacional”.

Emulando a Machado en su poema “Del pasado efímero”: “Este hombre no es de ayer ni de mañana,/ sino de nunca; de la cepa hispana/ no es el fruto maduro ni podrido,/ es una fruta vana/ de aquella España que pasó y no ha sido,/ esa que hoy tiene la cabeza cana”, podríamos decir que las derechas españolas son una “fruta vana”, aunque tengan las cabezas canas. Y lo peor, es que siguen transmitiendo “la fruta vana” de sus pensamientos a la hora de entender la realidad de un país y de quienes en él habitamos. Es decir, de quienes formamos parte de la “Patria”, las personas.

Porque de esos pensamientos y actitudes de las derechas, solo se puede extraer una conclusión mínimamente razonable -aunque carente de razón-, que consideran a España como su “cortijo”. Un cortijo que le pertenece a la “gente de bien” y del que ellos son los administradores. Que tiene una extensión concreta y que por encima de quienes en él trabajan y habitan, se ha de anteponer los intereses de los dueños. Unos intereses que, en ocasiones mueve a los “administradores” a ser “generosos”. Ahí tenemos a Aznar, cuando refiriéndose al “Movimiento Vasco de Liberación”, dijo aquello de: “Si los terroristas deciden dejar las armas sabré ser generoso”.

Una “generosidad” que desapareció en cuanto perdieron la “administración” y se convirtió en odio hacia quienes siguieron buscando la desaparición de la banda terrorista. Un odio que aun hoy continúa, principalmente centrado en quienes desde la izquierda abertzale también pusieron su “granito de arena” para hacer efectiva otra frase de Aznar: “Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas”.

No parece que la toma de posesión de los escaños les agrade, ni al PP ni a Vox, cuyo líder aplaudía en esos años la política de Aznar, también la que afectaba al terrorismo.

Pues ahora, con el acuerdo alcanzado entre el PSOE y el independentismo catalán pasa igual. No hay ningún atisbo de generosidad por parte de las derechas. No les vale que, al igual que hizo la izquierda abertzale, entren en el marco jurídico-constitucional para, desde él, hacer política.

No les vale que hayan abandonado la “unilateralidad” y se integren en la “multilateralidad”.

No, no les vale porque en el fondo ese no es el problema, el verdadero problema es que no tiene la mayoría para gobernar y, eso, supone la continuidad de un gobierno de izquierda.

Ese es el problema, lo demás son excusas y maniobras para no aceptar el resultado de las urnas.

He leído tanto el Acuerdo con ERC y con Junts, no los valoro desde el punto de vista jurídico pues soy lego en la materia, pero habiendo sido, ambos, negociados y revisados por expertos juristas, no creo que pueda haber en ellos algo que se salga de nuestro marco jurídico. Pero, es más, son acuerdos entre partidos, no acuerdos entre gobiernos. Por tanto, mientras esos acuerdos no se plasmen en acciones legislativas concretas nadie puede invocar el derecho a oponerse a los mismos, salvo las personas que militan en las organizaciones firmantes.

Se puede opinar, gustar más o menos, pensar que pudieran ser negativos… todo es admisible desde el punto de vista de la opinión, pero nada es admisible cuando nada de lo firmado ha sido “trasladado al BOE”.

Por ello, la reacción de las derechas, las algarabías callejeras y las hiperbólicas -y estrambóticas- declaraciones y actuaciones de los líderes del PP -de Vox no cabría esperar otra cosa-, solo vienen a reflejar el grado de frustración al que han llegado tras dar por ganadas unas elecciones, repartido ministerios y una extensa “nómina” de altos cargos y presidencias de empresas.

Porque no hay nada peor que ver la mirada inquisitorial de alguien que piensa ¿Y de lo mío qué?

Creo que, a las derechas, sobre todo al PP, lo que les molesta es que los acuerdos con los independentistas catalanes, colocan a estos en el marco constitucional, no se “rompe España”. Pedro Sánchez no ha sido capaz de “romperla”, sino que ha conseguido que más de un millón de personas que habitan en Cataluña se integren en el marco constitucional.

Todo el contenido de los acuerdos se sitúa dentro de la ley. Eso es lo que les molesta, igual que les molestó que ETA abandonara las armas y se disolviera.

Porque se quedan sin ese “clavo al que agarrarse” para exacerbar los sentimientos más primarios de las personas y, así, sembrar el odio al que piensa diferente.

Por ello, cuando Ayuso y sus corifeos hablan de “dictadura”, no hacen otra cosa que el ridículo y, tal vez lo que pretenden, blanquear la dictadura franquista, pues si quienes no la conocieron y sufrieron, ven que lo que hoy vivimos es una “dictadura”, no les quedará más remedio que pensar que lo que les cuentan sus mayores del franquismo son “exageraciones”, que con Franco, España, era el mejor de los “paraísos”, cuando en realidad no era otra cosa que un régimen opresor y sanguinario.

Finalmente, a las derechas hay que recordarles que su verdadera, y única, patria la llevan en la cartera. Lo de las muñecas es solo un adorno para “fardar”, pero el dinero lo guardan en los paraísos fiscales. Aunque valdría, también, rememorar de nuevo a Machado y recordar aquello de: «En España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva».

Porque la Patria, la verdadera Patria, es la que se forja en torno a las personas y no sobre las hectáreas. Valga el ejemplo de las diferencias de “patrias” que existen entre La Cañada Real y Pozuelo de Alarcón, solo por poner un ejemplo, pero los hay a miles. Y esos sí que rompen la patria, porque están rompiendo a las personas.

Aparece hoy publicada una viñeta en la que se ve a un prestidigitador que dice: «Ante ustedes, el increíble truco de dividir pidiendo unidad». (ver imagen)

El «muñeco» que aparece, bien pudiera ser Feojóo.

Rafa Valera 10_11_2023

Algo se mueve en el periodismo.

Con paso lento, como atemorizado, con las precauciones propias de quienes piensan más en las consecuencias que en la defensa de unos valores, el periodismo español -no sé si también ocurrirá allende nuestras fronteras-, empieza a “moverse”. O a removerse, porque nunca ha dejado de moverse dentro de una especie de cenagal al que quienes mejor se acomodan son los “cerdos”.

Hace unos días, se celebró en Madrid un encuentro entre diferentes directores de diarios. En La tertulia de Larra, conversan un grupo de periodistas. Jesús Maraña y Daniel Basteiro, infoLibre; Pepa Bueno, de El País; y Edwy Plenel, fundador de Mediapart, diario digital francés de información, investigación y opinión creado en 2008 y que tiene ediciones en francés, inglés y español.

Entre algunas cosas interesantes que he podido leer sobre esta “charla”, varias han llamado mi atención. La primera, una rotunda afirmación de Edwy Plenel: «Debemos defender la información frente a la opinión».

Esto es algo que siempre he defendido y hasta “discutido” con algún responsable de “sección” en uno de esos diarios de los que fui socio y que terminé abandonando justo por esa mezcla “gaspacheril” -permítaseme el palabro-, donde separar el “agua” (información) del «aceite» (opinión) resultaba imposible. Ni que decir tiene que esa “discusión” terminó en “ruptura de relaciones contractuales”, aunque casi a diario recibo correos electrónicos ofreciéndome una buena oferta “por la vuelta”. Oferta económica, lo que denota la escasa atención que pusieron a mis quejas, pues no dejé de ser socio por el precio de lo ofrecido, sino por el valor de lo ofrecido.

Pero como bien decía Machado: “Todo necio confunde valor y precio”. Frase muy similar a la que, antes siglos antes, había acuñado Quevedo: “solo el necio confunde valor y precio”.

La segunda cuestión que me ha llamado la atención es esa “necesidad” de: «Debemos exigir una regulación del espacio digital”. No puedo estar más de acuerdo. El espacio digital no puede ser un lodazal mayor y más nauseabundo que el “espacio papel”. Algo habrá que hacer para que ese espacio, en el que nos movemos una parte importante de la sociedad, no termine “infectándonos” de los virus más nocivos para la convivencia y para la propia salud mental.

Por ello, me ha sorprendido que, casi al mismo tiempo, el director de un importante medio, ante los intentos de la Unión Europea de exigir a las plataformas digitales (Meta, TikTok, X) que luchen contra la desinformación (las mentiras y bulos que inundan las redes sociales), proponga que a estas “se les aplique las mismas leyes que a los periódicos». Porque: “Esa es la mejor y más eficaz política contra la desinformación si ahora la quieren llamar así”.

Cuando leía el extenso artículo de este director, tuve esa sensación extraña entre “la ira y la risa”. Se me venía a la mente una duda ¿Leerá este director una buena parte de los medios digitales o en papel? ¿Leerá todo el contenido de su propio medio?

Porque si es así, si los lee, solo cabe pensar que este director es un cínico, o pretende tomarnos por imbéciles a quienes solemos leer a diario muchos de los medios de comunicación.

Las redes sociales son un “nido” para grupos de majaderos, energúmenos, fabricantes de bulos y fascistas varios. Pero también “habitamos” en ellas personas que podríamos catalogar de “normales”. Que opinamos, compartimos pensamientos y, en ocasiones, hasta publicamos -metámonos todos/as- nuestras “intimidades”. Y los usuarios de las redes se pueden cifrar en varios millones -solo en España-, por lo que en buena lógica y, por simple probabilidad estadística, los “majaderos, energúmenos, fabricantes de bulos y fascistas varios”, tiene que ser un número mucho mayor que los que “habitan” en los llamados “medios de comunicación”.

Pero una cosa es “ganar en cantidad” y otra, bien distinta, hacerlo en “calidad”. Porque la calidad de los bulos y mentiras que se expanden por las redes, no son muy diferentes a los que se publican en los medios. No en todos, digámoslo de manera clara, pero sí en una gran parte de ellos.

¿Qué leyes se les está aplicando a los medios, para exigir que se les aplique igual a las plataformas digitales? Porque a la vista está que son medios de comunicación, unos en papel y otros digitales, los mayores fabricantes y propagadores de bulos. Gran parte de los cuales, tienen como “directores” a unas personas que se definen como periodistas.

Y, para más inri, este director reconoce que: “La mayor mentira que jamás ha publicado este diario salió de la boca de un presidente del Gobierno del Reino de España”. En clara referencia a la información que Aznar transmitió, a los directores de los grandes medios de comunicación, a media mañana del 11 de marzo de 2004, en la que les aseguró que los atentados perpetrados esa mañana habían sido obra de ETA. Añadiendo a continuación: “El poder miente si puede y el periodismo tiene un método para detectarlo. Si no hay periodista, si no hay responsable editorial, la mentira se propaga, por las redes y por los diarios y las televisiones”.

Suena a burla, porque ese día, a este diario y a otros muchos, a las televisiones y las radios, les fallaron todos “los detectores” cuando Aznar les mintió en toda la cara.

¿Por qué este, y otros directores, publicaron esa información falsa, teniendo, como tenían, ya información suficiente para poner en duda lo que Aznar les hacía llegar? ¿Podemos pensar, entonces, que se plegaron a los deseos de Aznar, pisotearon el derecho de sus lectores y mandaron al mismo “carajo” los principios éticos de la profesión?

Concluye este director: “La UE lo tiene fácil. En lugar de sermonear, someta a las plataformas al imperio de la ley”.

¿Qué ley, la que está permitiendo que cientos de medios -unos en papel y otros digitales- campen a sus anchas en la desinformación, en no separar la información de la opinión, en mentir sin pudor alguno y difamar cuanto les da la gana?

¿A cuántos periodistas y en qué medida, se les ha aplicado esa ley por mentir, por difamar o por fabricar bulos?

Habrá quienes piensen que la “libertad de expresión” está por encima de todo lo demás. Es posible que la libertad de expresión sea algo a preservar por encima de otros derechos y valores, pero si es así, de qué se quejan los directores de los medios de comunicación. ¿Se quejan de la libertad de expresión de los demás, pero no de la propia?

¿Dónde queda el código deontológico del periodista, o el derecho a una información veraz, que se recoge en el artículo 20 de la Constitución?

Como vemos es un debate con muchas “aristas”, con demasiados intereses en juego y con mucho cinismo de por medio.

Por ello, me quedaría con algo que, en esa “charla” de la Tertulia de Larra, dijo Jesús Maraña: «el principal deber de los profesionales es insistir en el valor de la información de calidad y hacer entender que si no paga el ciudadano, paga otra gente con otros intereses».

Aunque, bajo mi punto de vista, el periodismo serio, el de calidad y que hace honor a la profesión, no debería estar callado, como si nada pasara ni con ellos fuese, ante esa caterva de sinvergüenzas que, bajo el amparo del periodismo, no hacen más que trasladar bazofia a sus lectores, espectadores u oyentes. No es que esos “medios” no deban existir, pues hay personas a las que, igual que les gusta la comida basura, les gusta alimentar su mente de basura y bazofia, por lo que deben tener un lugar en el que “alimentar sus cerebros” -lo de cerebros es un decir-, pero ese periodismo serio debería no compartir espacio con la “basura”, denunciar las prácticas fraudulentas y los métodos cuasi mafiosos de esos “colegas”. Porque si no actúan así, estarán blanqueando aquello de lo que, dicen, abominan.

Bienvenido sea ese “movimiento” si es que, esta vez, va en buena dirección.

Rafa Valera 21_10_2023

La inquietud del periodismo

Anda el mundillo mediático hispano algo revuelto. Desde hace unos días, son varias las tribunas y los artículos en los que sus propios integrantes manifiestan esa inquietud.

¿El motivo? Pues, según parece, los últimos “acontecimientos” en los que algunas personas “periodistas” se han visto envueltas mientras hacían su trabajo.

Vaya por delante que en el “mundillo mediático” hay personas que trabajan por salarios “ajustados”. Muchas, la gran mayoría, de esas personas tienen que simultanear su trabajo en varios medios -unas veces del mismo grupo mediático, en otras, acudiendo a medios de la competencia- para alcanzar eso que llamamos un “salario digno”, cuando no, el abuso generalizado de “periodistas en práctica” que, hasta se han dado casos de tener que pagar -el propio trabajador- para hacerlas. No es, por tanto, “oro todo lo que reluce”, hay bastante oropel.

Y esa realidad de la mayoría, contrasta con la otra realidad de la minoría que, bien “engrasada” recorre platós de tv, tertulias radiofónicas y gozan de la “libertad” para publicar en varias “cabeceras”. Son una minoría, pero que condiciona la vida de la mayoría de sus colegas.

Y aquí, llamo la atención sobre nosotros/as mismos/as, porque no somos conscientes que en este “mundillo” digital y de redes sociales, el medidor de “buen profesional” y, con ello, más ingresos, no viene determinado por que se escriba un buen artículo o se haga un buen programa de tv o radio. No. Da igual que se haga de manera deslavazada y sin rigor alguno, que se fomente la “basura”. Son “los medibles” (número de clics y veces que se pincha sobre el enlace, share de un programa de tv, o audiencia en el de radio) los que determinan, en muchas ocasiones, lo que cobra su autor, su presentador/a. Y aquí, cobra ventaja el periodismo dedicado a la confusión, al engaño. Algo que se empieza a conocer como “ciberanzuelo”, los “peces”, por supuesto, somos nosotros/as.

Pero lo que me ha llamado la atención, de ahí este artículo, es que, durante muchos años, quienes hoy muestran su “inquietud”, dicho sea de paso, con razón, han mantenido un clamoroso silencio ante las tropelías que cometían sus “colegas” bien pagados. Porque la ciudadanía lleva muchos años teniendo que soportar una ingente cantidad de mentiras, manipulaciones informativas y propagación de bulos, de esos “próceres” mediáticos, sin que se alzara la voz contra esas prácticas ajenas al propio código deontológico de la profesión. Solo cuando unos cuantos profesionales -de los mal pagados- se han visto sometido al acoso y al insulto, es cuando se empieza a reaccionar. Rescato una frase de uno de esos artículos sobre la “inquietud” a la que me he referido antes:

“Antes los periodistas de calle solíamos ser vistos como un medio útil para difundir un mensaje. Antes más o menos se respetaba el oficio.”

Los profesionales del periodismo deberían reflexionar sobre esta frase y preguntarse el por qué.

Porque el “periodismo” es demasiado indulgente consigo mismo -o con sus colegas-. Ninguna voz se ha alzado contra las prácticas cuasi mafiosas de los “Inda’s, Ana’s Rosa’s, Griso’s, Maruhenda’s, Negre’s, Miralles, Camacho’s… y toda la caterva que se mueve en ese mundo de las cavernas.

Pocas ocasiones han sido en las que un periodista, de los de verdad, ha alzado su voz contra esa forma de practicar una profesión imprescindible para una democracia sana.

Pocas voces denunciando, muchas voces callando de manera cómplice.

Pero, además, los periodistas no han tenido empacho alguno al “señalar” a políticos/as. Ellos/as, el mundillo mediático, por acción u omisión, han sido quienes ha propiciado que personajes despreciables como el “psicólogo” de Valladolid, encuentren cobijo a sus fechorías.

Ellos/as, una gran parte del periodismo, les han reído las “gracias” a esos personajes de la extrema derecha que, disfrazados de periodistas acuden a las ruedas de prensa en el Congreso, en un acto público o a un “canutazo” a la salida de una reunión.

Son los verdaderos/as periodistas quienes están obligados/as a rebelarse. No puede ser que el corporativismo oculte, o ampare, las tropelías que cometen algunos de sus miembros. Callar significa complicidad y aducir, que: “se es solo un trabajador/a”, no puede servir de justificación para callar.

Porque ese silencio pudiera ser comprendido en algún caso concreto, pero no como forma de actuación general.

El periodismo, una gran parte de él, aunque no todo, ha “fabricado” con sus hipérboles y mentiras, la indignación en la sociedad. Una indignación que siempre han dirigido contra personas dedicadas a la política o servidores públicos nombrados para la gestión de los servicios.

Qué duda cabe que estas personas deben se escrutadas en su gestión y, la misma, ser objeto de crítica. Pero de eso, al señalamiento público hay una gran diferencia y eso, el señalamiento, es lo que ha venido realizando gran parte de los medios.

Pero cuando la indignación se desborda, una parte de la sociedad no repara en contra quienes se ha dirigido, de manera que, ahora, los periodistas -pero los periodistas pobres- son los que se ven acosados.

Convendría, principalmente a los periodistas “pobres”, reflexionar sobre el sentido de su profesión, sobre para qué han estudiado una carrera universitaria, sobre si son coherentes con la deontología profesional y, si no están en condiciones de erigirse en “solitarios héroes”, pensar que “la unión hace la fuerza” y por medio de sus sindicatos denunciar todas las tropelías que unos cometen “motu proprio” y otros obligados por la precariedad. Los/as periodistas también son trabajadores/as y no les vendía mal estar sindicados.

Finalmente, y haciendo mía una frase de otro artículo:

“La negatividad, la inquina, y el odio (a veces visceral) que la gente siente hacia algunos políticos se está trasladando a la calle y se está trasladando al ejercicio del periodismo”.

No vendría mal que el mundillo mediático reflexionase sobre su “gran contribución” para que esa “inquina y ese odio” haya llegado a la sociedad, cuando su labor, su verdadera labor con la sociedad, es la de trasladar información veraz y no convertirse en “sicarios” de unos poderes que solo buscan la polarización social como forma de mantener un “statu quo” en el que los privilegios de los poderosos no sean cuestionados.

Rafa Valera 02_10_2023

Entender la democracia.

Ha finalizado hoy la primera parte de lo que se ha venido en llamar “investidura fake”. Y lo ha hecho como estaba previsto, tal como se sabía desde hace más de un mes, incluso desde antes de que el rey propusiera a Feijóo como candidato a presidente del gobierno.

Podríamos decir, sin temor a errar, que se sabía desde la misma noche del 23 de julio. Pero eso, que era sabido por la inmensa mayoría de cuantas personas siguen la actualidad política, parece que no era entendido en el seno del PP y, mucho menos, por Feijóo y sus asesores.

Porque, en mi opinión, hay demasiadas personas, incluidas muchas de aquellas que se dedican al análisis político, que no asumen determinadas pautas del sistema democrático. Me explico.

Se tiende, de manera errónea, a ver las “elecciones” -de cualquier nivel, pero mucho más cuando de elecciones generales se trata-, como el hecho y momento de depositar el voto y su recuento. Solo ven lo que ocurre el día de la votación.

Y si bien, esto, es un elemento trascendental y, en ocasiones, determinante, no puede separarse de algo más amplio, el proceso electoral en su conjunto. Digo que en ocasiones es determinante, porque si en cualquier elección, una formación política obtiene la mayoría absoluta, el resto del proceso pierde trascendencia y relevancia. Pero esto no suele ser lo frecuente y, en elecciones generales, hace ya tiempo que no ocurre ni se vislumbra que pueda ocurrir a corto plazo.

Porque el proceso electoral es algo más amplio que el momento de “votar y contar”, este proceso comprende desde el depósito de del voto por la ciudadanía, la configuración de las cortes, con la composición de las mesas presidenciales y, como acto final y trascendente, la elección del presidente del gobierno por el Pleno del Congreso de los Diputados.

Es, por ello, todo un proceso que no puede trocearse, no puede desligarse cada acto del anterior ni del siguiente, es un todo que, solo en los casos de mayorías absolutas, el “acto” de votación y recuento, deja en irrelevantes al resto los “actos”. Y esto está bien determinado en nuestras normas constitucionales, De ahí que el artículo 99 de la Constitución establezca el procedimiento para la elección del presidente/a del gobierno. Porque si solo nos atuviéramos a lo salido de las urnas y a la “candidatura ganadora”, como Feijóo defiende con contumacia, para nada haría falta la intervención del jefe del estado y el Congreso de los diputados perdería su esencia, como representante de la voluntad popular, para decidir quién y cómo preside el gobierno de la nación. Por ello, en pura esencia democrática, es imposible trocear “el proceso electoral” pues, incluso en los casos de mayorías absolutas, el resto de actos siguen estando en vigor y cumplen el proceso y normas establecidas.

Explicado lo anterior, resulta más evidente la vulneración del espíritu constitucional que Feijóo ha llevado a cabo. Con el artificioso acto de investidura -con un resultado fallido y conocido de antemano-, se ha manifestado una clara vulneración de las esencias constitucionales. Porque la sesión de investidura no está contemplada en nuestra Constitución como un acto de propaganda ni de utilización para dirimir liderazgos internos de los partidos, sino como el acto solemne de elegir un presidente de gobierno por quienes tienen depositada en sus manos la soberanía popular, los 350 diputados que conforman el Congreso. Cualquier otro objetivo, no deja de ser una clara utilización fraudulenta del artículo 99 de nuestra «Carta Magna».

Pero por si “faltara algo para el duro”, que diría un castizo, Feijóo no acudió a una sesión de investidura, la suya propia, sino que se presentó en el Congreso para presentar una moción de censura a un gobierno no nato. Descarto que pretendiera hacerlo al gobierno en funciones, pues eso ya rallaría la cima de la ignorancia.

Porque Feijóo se ha tomado 36 días para llegar a una farsa. Ha hecho perder el tiempo a España y a la ciudadanía. Ha subido a la tribuna ignorando que era él quien se presentaba a examen y ha querido ser el examinador de los demás.

Ha dedicado casi todo el tiempo a profetizar calamidades -cosa que, por otro lado, lleva haciendo, sin mucho acierto, desde hace año y medio- y a soltar toda una ristra de mentiras y datos falseados para apoyar su argumentación.

No voy a desgranar, en este artículo, las mentiras soltadas por Feijóo -ya las fui denunciando en mi muro de Facebook cuando las iba soltado-, algunos medios de comunicación se han extendido en ellas, pero si llamo la atención sobre la capacidad que atesora Feijóo para mentir sin ruborizarse, para falsear los datos o darles, justo, la interpretación contraria a lo que reflejan los mismos. Y no digo nada de la “amnesia selectiva” que muestra.

La intervención de Feijóo necesitaba de una respuesta clara y contundente que le pusiera frente al espejo. De ello se ha encargado Óscar Puente, que con una sola frase dejó en ridículo al candidato. Recordándole, además, la incoherencia de solicitar del PSOE la complicidad para que gobernara, aunque solo fueran dos años, así como la indecencia de apelar al transfuguismo como forma de superar la investidura.

La contundente frase:

“Explíqueme, de ganador a ganador, ¿por qué tiene usted mejor derecho a ser presidente del Gobierno que yo a ser alcalde de Valladolid, o Milagros Tolón a ser alcaldesa de Toledo…, o Fernández Vara a ser presidente de Extremadura? Explíquemelo a mí y al largo número de alcaldes socialistas que dejaron de serlo pese a ser la lista más votada”

Que Óscar Puente le espetó a Feijóo, rebeló toda la incoherencia y la ristra de mentiras que el candidato había mostrado en su intervención. Esta frase puso a Feijóo, y al conjunto del PP, en el mayor de los ridículos.

Sin duda ha sido una «jugada maestra». Una forma de devolver la absoluta falta de respeto que Feijóo -y toda su tropa- ha mostrado con el PSOE, con el gobierno en su conjunto, particularmente con su presidente, y con las propias instituciones, incluida la jefatura del estado, además de no tener ningún reparo para mentir en sede parlamentaria.

Porque cuando Feijóo dijo: “Tengo a mi alcance los votos necesarios…”, pero no los acepto a cambio de una amnistía”. Está mintiendo a sabiendas, No es cierto. No tiene esos votos que dice, porque, aun aceptando la hipótesis que esgrime, que no puede ser otra que la abstención o el voto favorable de Junts, de aceptar esos votos, perdería los 33 de Vox y, muy posiblemente, de una parte, de su propio grupo. Así se lo dijo, también, el portavoz del PNV: “Nuestros votos son incompatibles con los de Vox y, de tener los nuestros, perdería los 33 de Vox”.

Estas cosas son las que, el PP y Feijóo, no llegan a entender. No entiende que el proceso electoral que se inició el 23 de julio aun no ha terminado, que lo hará cuando se elija al presidente del gobierno. No entienden que nadie quiera “hablar” con ellos porque están contaminados por la “halitosis” del fascismo y mientras no se deprendan de ella, nadie querrá ser su “pareja de baile”.

Hoy se ha bajado el “telón tras el primer acto de la farsa”. Cuando lleguemos al «tercer acto», la farsa habrá terminado y con ella, muy posiblemente, la vida como «líder» del PP empezará a descontar los días de una manera frenética. Desde la tribuna de invitados, barones y baronesa del PP, asistían a la sesión- espectáculo que ofrecía Feijóo, como los césares romanos contemplaban la lucha de gladiadores. Las caras serias que mostraban no es un buen síntoma para el futuro de don Alberto. Bien sabemos que los emperadores romanos, ordenaban la muerte o perdón del gladiador derrotado en el circo colocando su dedo pulgar hacia arriba o al revés. Y aquí, aclarar un equívoco muy extendido, era el pulgar hacia arriba el que condenaba a muerte, pues significaba “cortar la yugular”.

Desconozco si los barones y baronesa del PP son conocedores de ese equívoco, por ello me quedaré con la duda de qué significaría la posición del pulgar, Pero si nos atenemos a los aplausos, los de ayer son muy parecidos a los que recibió Casado unos días antes de ser “defenestrado” con nocturnidad y alevosía. Porque visto el “nivel educativo y moral” que muestran sus señorías del PP -que bien podría compararse al de una estampida de animales en plena selva-, Feijóo debería vigilar bien su propia espalda.

Y eso lo sabe Feijóo, de ahí su incapacidad para ofrecer un programa de gobierno y su desesperación para, por un lado, agradar a los suyos y, por otro, llevar al lodo el debate. De ahí su inmolación ante las cámaras. De todas formas, si su futuro está en manos de quienes le trajeron de Galicia, mejor auto inmolarse que le defenestren de madrugada.

El viernes, cuando termine esta farsa, esta investidura fake entrará en los anales del parlamentarismo. Estará al mismo nivel y con el mismo significado que la moción de censura que encabezó Ramón Tamames.

Esperemos que Feijóo no se dedique luego, como hizo Tamames, a la venta de su discurso y, con ello, sacarse unas «perras».

Rafa Valera 27_09_2023

Golpismo, un siglo después.

Es curioso, pero hoy, que se cumple un siglo del golpe de estado de Primo de Rivera, padre del fundador del fascismo en España, nos «desayunamos» con una ristra de artículos y comentarios sobre las declaraciones -más bien habría que llamarlas rebuznos- de Aznar.

Rebuznos que nos hacen retrotraernos a 1923, porque con un discurso nacionalista-populista, igual que los rebuznos emitidos en el día de ayer por Aznar, este general golpista justificó su golpe de estado.

Un golpe de estado incitado por el propio Alfonso XIII para tapar el escándalo y las responsabilidades derivadas del «Desastre de Annual». Responsabilidades que alcanzaban al rey y que quedaron plasmadas en el llamado «Informe Picasso», apellido del general que elaboró el mismo tras una laboriosa investigación.

Y esa coincidencia de «discursos» tiene razón y fundamento en los propios pensamientos de Aznar, falangista declarado en sus años «veinte», basta leer algunos de sus artículos en «La Nueva Rioja». De uno de ellos rescato el siguiente párrafo:

<< Los jóvenes falangistas están cansados de dar y no recibir, están cansados de escuchar promesas y recibir fracasos; están cansados de escuchar «bonitos discursos» que solo sirven para crear más confusionismo del que ya hay, para crear el verdadero rostro de quienes los pronuncian. Ellos cortaron por lo sano e hicieron bien. Ellos están empezando otra vez de cero la obra que José Antonio planeó y España espera.

Yo, como joven, y habiéndome llegado un ejemplar de las Obras Completas, ya he tomado mi decisión, que usted ya habrá adivinado.>>

Porque Aznar, constitucionalista a tiempo parcial, no solo no apoyó la Constitución, sino que la atacó, incluso después de aprobada:

Otro párrafo rescatado de otro de sus artículos:

<< Tal como está redactada la Constitución, los españoles no sabemos si nuestra economía va a ser de libre mercado o, por el contrario, va a deslizarse por peligrosas pendientes estatificadoras y socializantes, si vamos a poder escoger libremente la enseñanza que queremos dar a nuestros hijos o nos encaminamos hacia la escuela única, si el derecho a la vida va a ser eficazmente protegido, sí el desarrollo de las autonomías va a realizarse con criterios de unidad y solidaridad o prevalecerán las tendencias gravemente disolventes agazapadas en el término nacionalidades…>>

Y como quiera que hace un par de días se conmemoró el 50 aniversario del golpe de Pinochet contra el gobierno democrático de Allende, veamos una «perla» de este elemento impresentable que se apellida Aznar:

<< Piensen aquellos que se sienten atraídos por ideales nuevos y por soluciones moderadas y reformistas, en los demócratas cristianos chilenos descansando en Viña del Mar, mientras la izquierda, como por otra parte nunca dejó de hacer, votaba en masa y aupaba al poder a Salvador Allende. ¡Cuántas desventuras podría haberse ahorrado el pueblo chileno si en aquella ocasión quienes no lo hicieron hubiesen cumplido con su deber!>>

Las «desventuras del pueblo chileno», para este golpista, no fue el cruento y sanguinario golpe de estado de Pinochet, sino la llegada al poder, de manera democrática y por la voluntad mayoritaria del pueblo chileno, de Salvador Allende. Ese es el sentido «democrático y constitucionalista» de este deleznable personaje.

Y de «traca final» es este párrafo de otro artículo:

<< Vientos de revancha son los que parecen traer algunos de los ayuntamientos recientemente constituidos. El de Guernica aprueba por unanimidad retirar la medalla de la villa, así como todos los honores concedidos al anterior Jefe del Estado -que aunque moleste a muchos gobernó durante 40 años y se llamaba Francisco Franco. >>

Por ello, no es de extrañar que este «falangista» llame al golpismo, lo lleva en sus genes con el mismo arraigo que la mentira.

Hoy, como si fuese una premonición, he podido leer unas declaraciones de Xavier Altamirano, actual subsecretario de Derechos Humanos en el gobierno de Chile que, anteriormente había sido uno de los asesores de la presidenta chilena Michelle Bachelet. Dice Altamirano, un chileno nacido en Canadá debido al exilio de sus padres por el golpe de Pinochet:

«Hemos fallado como sociedad en que no se conozca la historia»

¡Que frase más acertada y apropiada para aplicar en España!

Porque en España, se ha silenciado, cuando no ocultado la historia y la inmensa mayoría desconoce la misma. De ese desconocimiento se aprovechan la derecha revisionista para reescribirla y divulgarla a su acomodo. Es extraer beneficios de la ignorancia.

Si realmente se conociera la historia de España, sobre todo en los dos últimos siglos, personajes como Aznar estarían arrinconados en el lugar más oscuro de la misma. Sería uno de esos personajes de los que los pueblos se avergüenzan.

Rafa Valera 13_09_2023